Se elimina el despido automático incapacidad permanente

Es decir, la modificación del artículo pone fin a la unilateralidad con la que las empresas podían decidir la finalización del contrato de un trabajador con una incapacidad permanente; y obliga a las mismas, a realizar los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional.

Además, la norma también establece los criterios que determinarán cuando esos ajustes necesarios para el puesto, supondrían un coste excesivo para la empresa, valorando si dichos gastos pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total, o sin embargo, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de de la empresa. 

Otro punto importante es la posibilidad de que las personas trabajadoras requieran formación en prevención de riesgos laborales para su nueva situación. Y es que, a partir de ahora, los servicios de prevención de riesgos laborales y la representación legal de los trabajadores colaborarán para determinar, los ajustes  necesarios para adaptar el puesto a la nueva situación o para seleccionar otros puestos de trabajo.

Y un último apunte: el grado de gran invalidez, pasará a denominarse “complemento de asistencia de tercera persona”, debido a que el anterior nombre, se consideraba peyorativo.