Todo trabajador tiene derecho a recibir una comunicación clara y por escrito que explique los motivos de su despido, incluyendo la fecha exacta en que este se produce. Si la empresa no cumple con estos requisitos básicos, el despido puede ser considerado improcedente, lo que significa que el trabajador tiene derecho a ser readmitido o a recibir una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado.
En caso de readmisión, el trabajador debe volver a su puesto anterior, recibir los salarios no cobrados y mantener sus condiciones laborales. Existen además protecciones especiales que hacen que ciertos despidos sean automáticamente nulos, como en el caso de trabajadoras embarazadas, durante permisos de maternidad o paternidad, y para víctimas de violencia de género.
La pérdida del empleo puede tener consecuencias devastadoras en múltiples aspectos de la vida de una persona:
Por ello, es fundamental que los trabajadores conozcan y puedan ejercer sus derechos de defensa. El artículo 104 de la Ley reguladora de la jurisdicción social establece los requisitos específicos que debe contener una demanda por despido, incluyendo antigüedad, categoría profesional, salario y características del trabajo realizado.
Un proceso de despido justo es crucial para mantener la dignidad del trabajador,
proporcionar seguridad económica temporal y
facilitar la transición a un nuevo empleo; sin olvidarnos de la protección de la salud mental y emocional del afectado.
El artículo 105 de la LRJS establece que corresponde al empresario probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido, lo que supone una importante garantía para el trabajador.
Conocer estos derechos es el primer paso para poder defenderlos adecuadamente. Si te encuentras en una situación de despido, no dudes en buscar ayuda profesional para proteger tus intereses.