Una nueva era para los trabajadores con incapacidad permanente: el fin del despido automático
¿Por qué era necesaria esta ley?
Hasta ahora, cuando un trabajador recibía el reconocimiento de una incapacidad permanente (total, absoluta o gran incapacidad), su contrato se extinguía automáticamente. Esta práctica generaba discriminación hacia las personas con discapacidad, ignoraba las posibilidades de adaptación del puesto de trabajo y contradecía los principios de inclusión laboral. De ahí, la evidente necesidad de una actualización y adaptación de la norma a la realidad social.
Principales cambios para los trabajadores
La nueva normativa establece importantes garantías:
1) Derecho a decidir: el trabajador tiene un plazo de 10 días naturales desde la notificación de la incapacidad para decidir si desea:
- Mantener su puesto de trabajo con adaptaciones.
- Solicitar un cambio a otro puesto compatible.
- Aceptar la extinción del contrato.
2) Protección reforzada. La empresa debe intentar:
- Adaptar el puesto actual a las nuevas necesidades.
- Buscar un puesto alternativo adecuado.
- Solo podrá extinguir el contrato si demuestra que las adaptaciones suponen una carga excesiva.
Impacto para las empresas
Las empresas, deberán implementar medidas respecto a dos campos de actuación:
1) Plazos de actuación:
- Disponen de 3 meses para realizar adaptaciones o cambios de puesto.
- Si no es posible, tienen otros 3 meses para proceder a la extinción.
2) Criterios económicos. Para empresas con menos de 25 trabajadores, se considera carga excesiva cuando:
- El coste supere la indemnización.
- Exceda 6 meses de salario del trabajador.
- Se deben considerar las ayudas y subvenciones públicas disponibles
Valoración práctica
Los aspectos positivos y retos de implementación que podemos sacar de lo analizado anteriormente, son los siguientes:
1) Aspectos positivos:
- Alinea la legislación laboral con los derechos de las personas con discapacidad.
- Fomenta la inclusión y permanencia en el mercado laboral.
- Establece procedimientos claros y garantistas.
2) Retos de implementación:
- Necesidad de desarrollar protocolos de adaptación.
- Importancia de la colaboración entre servicios de prevención y representantes de los trabajadores.
- Relevancia de las ayudas públicas para facilitar las adaptaciones.
Conclusiones
Esta reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad. El éxito de su implementación dependerá de la colaboración entre trabajadores, empresas y administración pública, así como de un adecuado asesoramiento legal para garantizar su correcta aplicación.
